Clausuran construcciones ilegales en la Villa 31

La Agencia Gubernamental de Control (AGC), en un despliegue conjunto con la Policía de la Ciudad, ejecutó la clausura de múltiples obras en construcción clandestinas en el Barrio 31 de Retiro. Las inspecciones se desarrollaron bajo los lineamientos del Plan Integral de Ordenamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un programa diseñado para detener la expansión edilicia irregular en el asentamiento de 72 hectáreas donde residen cerca de 45.000 personas.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó la firmeza de las inspecciones territoriales y fijó una postura tajante sobre la política habitacional en el sector: “Queremos que haya reglas que se cumplan, con más seguridad y mejores condiciones de vida. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”. En el mismo sentido, el mandatario capitalino sentenció: “Por si a alguno no le quedó claro, está prohibido construir en la Villa 31. No vamos a permitir que esto siga creciendo. Ley y orden”.

Los inspectores labraron las actas de infracción y colocaron las fajas de paralización en estructuras linderas a la Autopista Illia, el Paseo del Bajo y las inmediaciones de la emblemática parroquia Cristo Obrero. Los domicilios puntuales intervenidos penalmente fueron:

• Vicuña 1176, 1198, 1278, 1294 y 1298.
• Castillo y Chejolan 1757.
• Perette 692.
• Chejolan 1824 y la numeración 1753/1751.

Balance del Plan de Ordenamiento Urbano

Desde el inicio de la actual gestión porteña, las auditorías en el Barrio 31 arrojaron un balance de 10 edificaciones clandestinas demolidas, 10 construcciones ilegales intervenidas y cinco corralones de materiales de origen ilícito clausurados. A su vez, los operativos de saturación de seguridad permitieron el cierre de cinco locales de telefonía celular por procedencia dudosa, tres metaleras dedicadas al acopio de cobre y tres depósitos clandestinos de garrafas de gas. En materia de espacio público, la Ciudad removió y compactó 35 automóviles abandonados y retiró chatarra equivalente a la carga de 40 camiones, junto con estructuras comerciales del tipo food trucks sin permiso reglamentario.

Las autoridades del Poder Ejecutivo explicaron que el proceso de urbanización original proyectado en el año 2016 mostró severas falencias que no lograron contener el desarrollo urbano desmedido ni cumplir con las pautas de ordenamiento territorial exigidas por la Ley N.° 6.129. Desde la administración porteña denunciaron que la falta de control consolidó un circuito de especulación financiera manejado por organizaciones informales que lucran con la venta ilegal de inmuebles, el comercio no regulado de espacios aéreos (terrazas), alquileres abusivos al margen de la ley y la ocupación indebida de terrenos públicos.